- El auto dictado fundamenta el archivo en la forma sin entrar a valorar el fondo de la reunión.
- El auto se ampara en un supuesto contexto político pero lejos de tratarse de una reunión para encauzar una cuestión política se trató de una reunión cuyo único objetivo era coartar la libertad para hacer política de Chelo Fernández y el Grupo Socialista.
El juzgado Nº 3 de Calahorra ha dictado hoy auto de sobreseimiento tras realizar diligencias previas sobre la denuncia de la concejala Chelo Fernández contra Luis Martínez-Portillo por amenazas.
El auto en todo momento hace referencia al contexto político y al tono y la falta de “agresividad verbal o insultos”. El auto no valora en ningún momento el fondo de la conversación (cuyo contenido ha sido admitido por el propio alcalde, Luis Martínez-Portillo).
El delito de amenazas no contempla la agresividad verbal como condición indispensable para que se produzca un delito de amenazas.
Se trataba de una reunión perfectamente planificada por Luis Martínez-Portillo en la que no había improvisación alguna sino que se trataba de un movimiento perfectamente planificado en el que, claramente, se amenazó con crear un circo mediático con independencia de que la denuncia fuera cierta —o falsa, como se ha demostrado en el juzgado—, o con la posibilidad de llevarla a los tribunales y a utilizarlo públicamente.
Como segundo argumento, además de la falta de un tono agresivo, el auto hace referencia a que la conversación se da en un contexto político. Lejos de ser un contexto político, se trató de coartar la libertad para la acción política de la señora Fernández y del Grupo Socialista mediante la amenaza de una denuncia y un “circo mediático”. No se pretendía solucionar nada, se quería impedir el trabajo político del PSOE en Calahorra.
Por estos motivos ya se ha comenzado a trabajar en la elaboración de un recurso contra el sobreseimiento del procedimiento.
Con independencia del proceso judicial continuamos convencidos de que un alcalde que admitió públicamente que en una reunión le ha planteado a una concejala que está dispuesto a guardar en un cajón un supuesto delito muy grave (que después se ha demostrado que no era tal) a cambio de amordazar a la oposición de un grupo municipal está deslegitimado para ejercer la política.
La reunión, su planificación, las “propuestas” planteadas, la amenaza con el escarnio público y que fuera capaz de admitir públicamente sin rubor que había hecho todo eso es una muestra palpable de que Luis Martínez-Portillo entiende la política de una manera que no podemos compartir y que consideramos que se aleja de sus obligaciones como alcalde y de los principios que han de regir a un cargo público de un país democrático.
El comportamiento de Luis Martínez-Portillo es intolerable y, ante el convencimiento de que se trata de un caso claro de amenazas, a pesar de que no se profiriera ningún insulto ni se usara un tono agresivo (condiciones no exigidas por la legislación), se recurrirá el sobreseimiento a la espera de que se entre a valorar el fondo de la conversación y no solo el tono de la misma.
El delito de amenazas se sustancia en la anticipación de advertir que se pretendía causar un gran daño a la concejala si Portillo no lograba su objetivo, que no era otro que amordazar al PSOE, unas amenazas que se pueden proferir con una amplia sonrisa, en especial cuando se tiene una amplia experiencia política y como abogado.
Portillo trato de imponer una condición a la concejala socialista mermando su libertad para ejercer un cargo público anunciando las consecuencias negativas que tendría para ella negarse a dimitir, para lo que Luis Martínez-Portillo anticipó la creación de un “circo mediático” y la posibilidad de una denuncia penal si no lograba sus objetivos, su dimisión o la sumisión del Grupo Socialista. Asimismo, llegó a admitir que no le importaba si la denuncia era cierta o no.
La búsqueda de amparo ante la justicia fue la única salida honesta que Luis Martínez-Portillo dejó a la concejala Chelo Fernández, que sabiéndose inocente del delito que le pretendía endosar no podía permitir la manipulación a la que la pretendían someter.
Seguimos creyendo firmemente que la justicia ha de actuar contra este comportamiento y esperamos que el recurso de archivo sea atendido y no se deje impune esta forma deleznable de hacer política que el alcalde Portillo y el PP de Calahorra han tratado de imponer.
Si algo ha quedado demostrado en este proceso es que lo único que le interesaba a Luis Martínez-Portillo era dañar a la concejala socialista y a todo su grupo y tratar de tener controlado la labor de oposición que realizan. Cuestión que él mismo admitió públicamente.
